Grupos anarquistas realizarán hoy en la tarde un mitin en la cárcel Santiago 1. El viernes tienen planificada una marcha en el centro de la capital.
En la Casa de la Cultura Johnny Cariqueo, de Pudahuel, se efectuó ayer la segunda jornada de la cumbre anarquista en solidaridad con los presos “antisistémicos” de Chile.
Los organizadores del encuentro, que se extenderá hasta el próximo lunes 23 de noviembre, están alternando los lugares de reuniones para evitar a la prensa y a la policía.
Ayer, el tema en discusión fue “¿Cómo el posicionamiento de los presos y presas del Estado determina la solidaridad de los compañeros en la guerra social?”.
El centro cultural Johnny Cariqueo se ubica en calle El Cobre y lleva el nombre de un adolescente que murió en una comisaría, en abril de 2008, tras ser detenido en los incidentes por el día del joven combatiente.
Tal como señaló el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, las autoridades están en antecedentes de la cumbre y los servicios de inteligencia policial realizan una discreta vigilancia en todos los recintos de actividad anarquista de la capital.
Para hoy en la tarde, los organizadores de la cumbre llamaron a un mitin en la cárcel Santiago 1, donde cumplen prisión preventiva los anarquistas Pablo Carvajal y Matías Castro, los estudiantes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano que fueron detenidos en septiembre pasado por el ataque al cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI en calle Condell, en Providencia.
El viernes, los anarquistas tienen programadas dos actividades. Una marcha en la Alameda con Paseo Ahumada, a las 12 horas, y un “malón informativo en solidaridad con los presos políticos mapuches” que se realizará a contar de las 19 horas en un recinto de calle Cueto, en la comuna de Santiago.
PIDEN CINCO AÑOS Y UN DÍA
En La Araucanía, en tanto, la fiscalía regional pidió cinco años y 1 día de cárcel para Edgardo Hernández Lucero, el único anarquista formalizado en el país por los bombazos.
Sin embargo, el atentado que se le imputa ocurrió en el edificio donde funciona la Defensoría Penal Pública de Temuco, el 11 de diciembre del 2008, hecho que es investigado por el fiscal Sergio Moya, bajo la ley antiterrorista.
Fuente: La Nación
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