¿Nueva ley forestal, o lo mismo de siempre?
Felipe Araya Sepulveda
Movimiento Politico Inquietando Desde el Margen
inquietandochillan@gmail.com
Es grato saber que el fatídico Decreto Ley 701 sobre fomento forestal llegó a su fin y que se está promulgando una nueva ley forestal. Pero ¿qué nos garantiza que la nueva ley logre minimizar los enormes costos sociales y ambientales que el Decreto 701 produjo en el país y en la región?
Este Decreto Ley fue promulgado durante el año ’74, como un instrumento que incentivaba la plantación forestal en el país, al mismo tiempo que se producía un profundo proceso de privatización de las empresas ligadas a la celulosa (y de muchas otras), quedando todo este sector en manos de un pequeño número de empresarios pertenecientes a los grandes grupos económicos, quienes mantienen hasta hoy el monopolio de la actividad forestal en el país y el monopolio de las enormes ganancias que obtienen por la depredación de nuestros recursos naturales. De esta forma la industria forestal se logró colocar en el segundo lugar de los polos de desarrollo económico a nivel nacional, después de la minería y tercero a nivel regional tras el comercio y la agricultura, la VIII región es la que más plantaciones forestales tiene, con casi 939.420 hectáreas (representando aprox. el 44,3% del total nacional).
Luego de casi 40 años de vigencia, los bosques nativos están en serio peligro de extinción, las plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus spp, que componen más del 90% del total, han inundado nuestras tierras y han destruido el hermoso paisaje de nuestros bosques, provocando la erosión de tierras cultivables de manera grotesca, afectando los cursos de agua y las napas subterráneas con el consecuente drama para las comunidades locales que dependen de ellas para su consumo, sus animales y para el riego de los alimentos que producen.
¿Acaso la nueva ley forestal devolverá las tierras a los cientos de campesinos y campesinas que han tenido que migrar a las ciudades a vivir la pobreza y la marginalidad de la selva de cemento, producto de la desertificación que las plantaciones de pino y eucaliptus provocan en las tierras que alguna vez fueron cultivables? ¿Acaso la nueva ley forestal le dará trabajo decente a los trabajadores y trabajadoras que hoy se ven obligado a aceptar un trabajo precario, mal pagado y abusivo en las empresas subcontratistas que prestan servicios al sector forestal? ¿Acaso la nueva ley forestal dará vida a las decenas de escuelas rurales que han tenido que cerrar en la provincia porque les han puesto pinos hasta en los gimnasios, como en Quillón, El Carmen y otras comunas, y porque las empresas forestales (forradas en dólares) han presionado a los municipios rurales (forrados en deudas) para poder seguir expandiendo el monocultivo obligando a los niños y niñas de nuestro campo a trasladarse kilómetros todos los días para poder asistir a una escuela?.
No quiero ser mal pensado, pero una ley nueva hecha por los mismos de siempre no puede tener mucho futuro. Las riquezas generadas por las exportaciones forestales no implican un bienestar para las comunidades locales que conviven con las empresas forestales, como es el caso de las comunidades mapuche o de los trabajadores y trabajadoras del sector. Al contrario, la gente solo asume los costos y las consecuencias del crecimiento desmedido de este sector productivo que genera riqueza a costa de la vida y la dignidad del pueblo y de la naturaleza de la que dependemos para nuestra subsistencia.
Este Decreto Ley fue promulgado durante el año ’74, como un instrumento que incentivaba la plantación forestal en el país, al mismo tiempo que se producía un profundo proceso de privatización de las empresas ligadas a la celulosa (y de muchas otras), quedando todo este sector en manos de un pequeño número de empresarios pertenecientes a los grandes grupos económicos, quienes mantienen hasta hoy el monopolio de la actividad forestal en el país y el monopolio de las enormes ganancias que obtienen por la depredación de nuestros recursos naturales. De esta forma la industria forestal se logró colocar en el segundo lugar de los polos de desarrollo económico a nivel nacional, después de la minería y tercero a nivel regional tras el comercio y la agricultura, la VIII región es la que más plantaciones forestales tiene, con casi 939.420 hectáreas (representando aprox. el 44,3% del total nacional).
Luego de casi 40 años de vigencia, los bosques nativos están en serio peligro de extinción, las plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus spp, que componen más del 90% del total, han inundado nuestras tierras y han destruido el hermoso paisaje de nuestros bosques, provocando la erosión de tierras cultivables de manera grotesca, afectando los cursos de agua y las napas subterráneas con el consecuente drama para las comunidades locales que dependen de ellas para su consumo, sus animales y para el riego de los alimentos que producen.
¿Acaso la nueva ley forestal devolverá las tierras a los cientos de campesinos y campesinas que han tenido que migrar a las ciudades a vivir la pobreza y la marginalidad de la selva de cemento, producto de la desertificación que las plantaciones de pino y eucaliptus provocan en las tierras que alguna vez fueron cultivables? ¿Acaso la nueva ley forestal le dará trabajo decente a los trabajadores y trabajadoras que hoy se ven obligado a aceptar un trabajo precario, mal pagado y abusivo en las empresas subcontratistas que prestan servicios al sector forestal? ¿Acaso la nueva ley forestal dará vida a las decenas de escuelas rurales que han tenido que cerrar en la provincia porque les han puesto pinos hasta en los gimnasios, como en Quillón, El Carmen y otras comunas, y porque las empresas forestales (forradas en dólares) han presionado a los municipios rurales (forrados en deudas) para poder seguir expandiendo el monocultivo obligando a los niños y niñas de nuestro campo a trasladarse kilómetros todos los días para poder asistir a una escuela?.
No quiero ser mal pensado, pero una ley nueva hecha por los mismos de siempre no puede tener mucho futuro. Las riquezas generadas por las exportaciones forestales no implican un bienestar para las comunidades locales que conviven con las empresas forestales, como es el caso de las comunidades mapuche o de los trabajadores y trabajadoras del sector. Al contrario, la gente solo asume los costos y las consecuencias del crecimiento desmedido de este sector productivo que genera riqueza a costa de la vida y la dignidad del pueblo y de la naturaleza de la que dependemos para nuestra subsistencia.
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