Extienden período de comisión calificadora de víctimas de violaciones a los derechos humanos
Con 94 votos y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, en primer trámite constitucional, a un proyecto del Ejecutivo que prorroga en seis meses el plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, a fin de que puedan acceder a beneficios reparatorios.
La iniciativa legal (boletín 7435) prorroga en seis meses la labor de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, autorizando además a la misma entidad a acceder a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para dar cumplimiento a su cometido.
Esta Comisión Asesora fue establecida en la Ley N° 20.405 para recibir solicitudes de calificación de aquellos hechos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos acaecidas entre el 11 de septiembre de1973 y el 11 de marzo de 1990, recibiendo hasta la fecha más de 33.000 casos.
El plazo de vigencia del trabajo de la citada Comisión concluye el 17 de febrero de 2011, pero la realidad observada durante el periodo de recepción de casos superó significativamente el número previsto -alrededor de 18.000 casos-, situación que fue representada al Gobierno por sus miembros y también por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes plantearon la necesidad y urgencia de ampliar el plazo establecido.
Este proyecto recoge tal inquietud y plantea la ampliación en seis meses del trabajo de calificación de la Comisión Asesora para favorecer a quienes no presentaron sus antecedentes dentro de los plazos establecidos y a aquellos cuyas solicitudes no fueron calificadas favorablemente por aquella, dando la posibilidad de renovarlas.
Los documentos y testimonios presentados originalmente a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura son relevantes para descartar o ponderar las solicitudes que invocan nuevos antecedentes, pero existe una obligación de mantener el secreto durante 50 años sobre los antecedentes recopilados por dicha instancia, en virtud de la Ley 19.992.
Por ello, este proyecto también autoriza a miembros de la Comisión Asesora y a dos de sus profesionales especialmente autorizados por la unanimidad de sus integrantes, el acceso a los antecedentes, documentos y testimonios recogidos en su momento por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por el periodo de seis meses de prórroga dispuestos para cumplir su labor de calificación.
Esta consulta de documentos, antecedentes y testimonios deberá hacerse en el lugar donde la documentación se encuentre materialmente, quedando prohibido su retiro y reproducción a través de cualquier medio.
La calificación positiva de los casos que sean resueltos por la Comisión Asesora darán derecho a acceder a los beneficios reparatorios establecidos en la Ley 19.123, que incluyen una pensión mensual de reparación, una bonificación compensatoria, prestaciones médicas gratuitas en el sistema público y becas educacionales.
Durante la tramitación de esta iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara planteó al Gobierno que las pensiones de sobrevivencia dispuestas por la Ley 20.405 sólo estarían beneficiando a las viudas de víctimas de atropellos a los derechos humanos, no así a los viudos, lo que significaría una discriminación arbitraria entre familiares de tales víctimas. Ante tal hecho, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, dijo que el Ejecutivo estudiará tal situación y de ser necesario propondrá una iniciativa legal que la corrija.
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