Conflicto social que heredará el próximo gobierno: Los Sin Casa

En la actualidad la realidad de los Sin Casa aparece políticamente controlada, pero si el Estado no logra disminuir el déficit habitacional existente, las condiciones inhumanas de hacinamiento y la segregación de los barrios, el problema medular de la vivienda, como en los años 60 y 70 puede pasar a ser un elemento de explosión social difícilmente controlable.

Cristian Castillo y Mauricio Olivares

Chile es un país segregado. Vivimos aislados los unos de los otros. El resto, son enemigos. Hemos perdido los sueños, la participación ciudadana, la solidaridad, la sobriedad y el estoicismo para enfrentar las tareas de futuro. Nuestro país es hoy un país difícil.

Nuestras ciudades son lugares de desencuentro y marginación. Las políticas de asentamiento urbano y la especulación con los valores de la tierra aumentan las diferencias entre unos y otros. Los ricos en sus guetos y los pobres en los suyos: parece ser la consigna que rige la vida de los habitantes de los centros urbanos.

La falta de una casa para las familias más pobres de nuestro país parece un problema sin solución: 700.000 familias sin vivienda, 100.000 deudores en riesgo de remate, 200.000 casas en proceso acelerado de deterioro por la mala calidad con que fueron construidas: un millón de familias sin vivienda digna, cerca de cinco millones de chilenos que forman el ejército Sin Casa. ¿Estarán dispuestos los Sin Casa a esperar eternamente por una solución digna o buscarán caminos propios para lograrlo? No lo sabemos, pero la falta de alternativas reales trae desesperación, en una primera etapa. La organización y movilización surgen con fuerza cuando la desesperación se transforma en rebeldía.

Los primeros gobiernos de la Concertación nos traen el recuerdo de las casas Copeva. El año 2006 las viviendas fueron demolidas. ¿Quién construyó esas casas, esos edificios? El Estado culpó al mundo empresarial, los empresarios al Estado, mientras, los pobladores sufrieron las consecuencias. Todos, menos quienes requerían una vivienda digna, continuaron sus actividades públicas y privadas como si nada hubiera ocurrido. Empresarios y Estado aprendían que un buen manejo mediático era mucho más útil que una solución real a los problemas de vivienda de los chilenos más pobres.

No fueron sólo las malas prácticas en la construcción de la vivienda social lo que caracterizó y caracteriza la actitud del Ministerio de Vivienda. Andha Chile nació para quedarse en la retina de quienes miramos con pudor cómo las señoras de la protesta extrema se encaraman en una grúa-pluma en el centro de Santiago. Son pobladores que vienen desde Puente Alto, Renca, Pudahuel, Peñalolén. Son los llamados deudores habitacionales, hijos del mercantilismo aplicado a las viviendas sociales. Son familias que han pagado más de una vez sus casas y que sólo han evitado el remate de sus viviendas gracias a la organización, valentía y decisión con que han enfrentado un problema del cual no son responsables. Son víctimas entregadas a los especuladores financieros.

Siempre la solución avalada por el Estado los envía nuevamente a las tomas y los campamentos; en el mejor de los casos, a pedir a algún familiar ser aceptados en condición de allegados. La respuesta de los gobiernos es la represión para ellos y la impunidad para los responsables: todo es producto de un mal criterio para elegir a las familias con capacidad de endeudarse.

Nuevo rostro para la misma política

El 11 de marzo de 2006 llegó al poder la primera mujer presidenta. Los Sin Casa soñaban con el gobierno ciudadano prometido por Michelle Bachelet. Por fin, después de más de treinta años, llegaba al poder un gobierno que plantearía el problema de la vivienda social como un proyecto participativo, en el cual Estado y pobladores implementarían, juntos y solidariamente, soluciones para construir viviendas dignas: del tamaño requerido por una familia, con la calidad necesaria y en el lugar que escogieron para vivir.

El gobierno constituyó una alianza estratégica con el sector empresarial para privatizar las soluciones de vivienda social. La responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más desvalidos de la sociedad chilena es abandonada en un mar de programas de subsidios administrados como recursos privados. A partir de ese momento, el compromiso del Estado se circunscribe a distribuir los recursos a “empresas privadas” que se encargan de las soluciones concretas. Transfieren a los Sin Casa la responsabilidad de encontrar una solución al problema de su vivienda, obligándolos a recorrer un camino que no tiene destino.

Para tenerlo definitivamente claro, el Estado otorgará los subsidios sólo y cuando los Sin Casa hayan logrado resolver los siguientes pasos de este laberinto infernal: tener una organización legalmente constituida que los represente (el famoso y mal llamado Comité de Vivienda); una Egis (una empresa privada administradora del proyecto) que acepte representarlos; un terreno disponible y dentro de los valores exigidos (búsqueda y negociaciones que deben, en definitiva, realizar los mismos pobladores); proyectos de urbanismo, arquitectura, estructura y especialidades aprobados en municipalidades y ministerios (oficinas profesionales que deben ser contratadas y financiadas por los pobladores); una empresa constructora comprometida con el proyecto y con las garantías exigidas, aprobadas en alguna entidad financiera ( dispuesta a correr el riesgo de construir 56 m2 con UF 300); factibilidades de todo tipo exigidas por el mismo Estado (que deben buscar y financiar los pobladores). No es todo. No sólo deben cumplir con estas exigencias, que hoy, en el papel, deben cumplir las Egis. Lo más sorprendente es que deben tenerlo todo resuelto al mismo tiempo. Si falta uno de los pasos, el proyecto no será aprobado.

Una tarea titánica, imposible de concretar, que los funcionarios del Serviu consideran un proceso perfectamente posible y razonable. Todo esto, esta inmensa tarea que el Estado les impone, están obligados a realizarlo sin los recursos o con los escasos recursos que malamente logran reunir y que muchas veces pierden en el camino, engañados por empresarios y profesionales inescrupulosos. Parece poco para quien necesita desesperadamente una solución a su problema de vivienda, y nada para quien no tiene ninguna posibilidad de entender qué significado tiene tamaña empresa.

Lo claro es que no hay construcción de las casas necesarias para dar solución, en el año 2014, al millón de viviendas que constituyen el déficit habitacional de Chile. Déficit que continúa creciendo sin esperanzas de cambiar. El éxito más importante del Ministerio de Vivienda -muy poco para la magnitud del problema-, es transferir viviendas usadas de una mano a otra. De viviendas nuevas, poco, y cuando las hay, son construidas con subsidios adicionales entregados en gran parte de los casos directamente por las municipalidades más ricas del país para solucionar sus problemas locales de vivienda social.

Este gobierno consigue con un éxito mediático lidiar políticamente. Este gasto en publicidad y propaganda no significa, en ningún caso, más y mejores viviendas para el pueblo. Los pobres de la ciudad no logran avanzar lo necesario para obtener resultados concretos. Los han mantenido engañados durante años y cuando, cansados de tanta espera, manifiestan su rechazo a la situación, son reprimidos de manera brutal.

En la actualidad la realidad de los Sin Casa aparece políticamente controlada, pero si el Estado no logra disminuir el déficit habitacional existente, las condiciones inhumanas de hacinamiento y la segregación de los barrios, el problema medular de la vivienda, como en los años 60 y 70 puede pasar a ser un elemento de explosión social difícilmente controlable. La situación puede no parecer alarmante porque no se ve, pero si no hay soluciones reales, lo será sin duda en el futuro.

El Estado y la organización de los Sin Casa

En el Chile de hoy, como casi en todo el mundo, existe conciencia que el déficit habitacional no es sólo un problema de viviendas. La erradicación de los más pobres hacia los márgenes de las grandes ciudades, la segregación entre pobres y ricos y la marginalidad en la cual cada sector vive, es la realidad de un país que no es capaz de integrar a un proceso creativo y fructífero a un número importante de chilenos. Los Sin Casa son también los sin trabajo, los sin estudio, los que no tienen un lugar. Los sin futuro. La vivienda no puede ser tratada como un tema sectorial. No se soluciona la pobreza sólo a través de la entrega de una solución habitacional, es necesaria la organización de la comunidad, el acceso a las fuentes laborales, a la salud y a la educación.

Una alianza estratégica entre los pobres de la ciudad y el Estado es absolutamente necesaria para dar cabida real y sustentable en el tiempo al problema de la vivienda social. Y no es necesario buscar demasiado para darse cuenta de la utilidad de esta alianza. Los resultados históricos del crecimiento personal, familiar y comunitario son innegables.

Debemos hacer público el fracaso y el rechazo que generan las propuestas paternalistas y segregadas con que el Estado pretende controlar el problema para crear e implementar nuevas alternativas. Lo cierto es que el Estado no logra avanzar en el proceso de democratización y participación ciudadana con la velocidad y profundidad que exigen los hechos. La sociedad civil, organizada y demandante, manifiesta cada vez con más fuerza su rechazo a las políticas imperantes.

Por varias “autopistas” superpuestas hasta el infinito, impulsa y activa su manera de concebir la participación en el proceso de decisiones impuesto por los grupos dominantes. Intenta empujar al Estado, cada día más, al límite de sus posibilidades. La denuncia de la libertad sin opciones se transforma en todas partes del mundo, también en Chile, en una lucha de pocos y de muchos, cada vez más clara, consciente y masiva. Desde todos los ángulos de la sociedad surgen las voces que demandan la participación ciudadana en la construcción de un planeta mejor para todos.

El Estado debe ser garante del derecho a la vivienda y no un tapón de las iniciativas populares. Los pobladores organizados deben llevar adelante el proceso con la supervisión y apoyo de los organismos de vivienda responsables, de las municipalidades, de las organizaciones sociales comunales y de las unidades de apoyo técnico que deben ser contratadas en las universidades para velar por cada área específica del proceso. Para esto es indispensable implementar una estructura orgánica adecuada. Un sistema en el cual los diferentes actores involucrados se articulen horizontal y responsablemente, en que participen instituciones del Estado central, las municipalidades -como instituciones locales-, las universidades -como centros de conocimiento especializado- y las organizaciones creadas por los propios pobladores.

Hacia el Consejo Comunal para la Vivienda y los Comités de los Sin Casa

El desafío va en dos direcciones: la formulación de un orden orgánico responsable de la tarea de diseñar y desarrollar las nuevas soluciones habitacionales y, la implementación de un sistema institucional de participación, que transforme radicalmente la dependencia del sistema actual con la empresa privada.

Entre muchas iniciativas necesarias hay dos que entendemos fundamentales, por representar la base del crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones de los Sin Casa:

-El Consejo Comunal para la Vivienda, como la instancia principal de solución a los problemas urbanos y habitacionales de su localidad, entre ellos la vivienda social. Reemplaza a las instancias centralizadas encargadas de esta gestión, situando el problema y sus soluciones en una escala local, única posibilidad real de generar una participación movilizadora, responsable e integradora. Dirigida por la autoridad edilicia, la participación ciudadana activa define las políticas habitacionales para la comuna y diseña sus soluciones. Sirve de pivote entre el Estado y la base poblacional.

-Los Comités de los Sin Casa son una realidad visible muchas veces, subterránea y latente la mayoría. De manera tímida por el momento, se organizan para negociar con el Estado una salida para sus carencias. Pueden representar una alternativa clara para avanzar en la construcción de un país más solidario y más participativo. Transforman a los espectadores en protagonistas.

Vivienda, trabajo y educación pueden buscar un camino común, teniendo como centro la solución a la vivienda social. Es esta una plataforma privilegiada para producir un fenómeno orgánico de inmensa eficiencia y productividad. No es utopía; experiencias de este tipo en Chile y otros lugares del mundo en desarrollo demuestran los excelentes resultados que produce la gestión compartida del Estado, pobladores, instituciones educativas y profesionales en los programas de vivienda social. Son resultados visibles, aún después de décadas de su implementación.

La propuesta está lanzada, también a disposición las manos de miles de chilenos dispuestos a asumir la tarea.

CRISTIAN CASTILLO

MAURICIO OLIVARES

Equipo Nuevo Barrio

Fuente: Correo Militante

http://correomilitante.entodaspartes.net/2009/12/30/conflicto-social-que-heredara-el-proximo-gobierno-los-sin-casa/#respond