Consecuencias sociales del modelo económico neoliberal aplicado en Chile
El modelo económico neoliberal se viene aplicado en Chile desde de la época de la dictadura militar y con algunos ajustes sociales se ha seguido aplicado bajo los dos gobiernos democráticos que le han sucedido.
Se ha puesto mucho énfasis en sus éxitos económicos:
•Crecimiento sostenido de la economía desde hace unos diez años e importante mejoramiento del ingreso medio por habitante. Este aumentó en casi 12% entre 1981 y 1990, mientras en la mayor parte de los países latinoamericanos el ingreso por habitante bajaba en esos años, como consecuencia de la crisis. Entre 1991 y 94, bajo los gobiernos democráticos, el ingreso por habitante aumentó en casi 20%.
•Disminución de la tasa de inflación de más de 20% al final de los años '80 (27,3% en 1990) a sólo 8,9% en 1994.
•Disminución de la tasa de desempleo urbano de más de 13% en 1986 a un 4% en 1993, subiendo a sólo poco más de 6% en 1994.
•Gran dinamismo y aumento de las exportaciones, como ya lo indicamos anteriormente.
•Considerable tasa de inversión, con gran afluencia de capitales externos y buenos equilibrios macroeconómicos.
A lo anterior, hay que agregar, desde el punto de vista social, a partir de la llegada del primer gobierno democrático, una disminución sustancial del número de pobres.
Utilizando el método de la línea de pobreza, es decir, el ingreso corriente de los hogares, el número de pobres en Chile era em 1987 igual a 5,498 millones personas (casi el 45% de la población) y en 1992 de 4,370 millones personas (el 33%). Es todavia grave que un tercio de la población viva bajo la línea de la pobreza, pero era mejor la situación en 1992 que en los años anteriores (éste es el último año para el que hay estadísticas disponibles sobre pobreza).
Conviene, por otra parte, agregar que el método de la línea de pobreza tiene una limitación. Procede como se la satisfacción de las necesidades básicas dependiera sólo del ingreso corriente de los hogares, cuando que tengan las familias a bienes y servivios gubernamentales, a la educación, a la salud y a la vivienda. Aplicando un indicador más completo: el método integrado de medición de la pobreza se llega a la conclusión que en 1992 un 50% de los hogares urbanos tenía aún algún tipo de carencia (agua por acarreo, mutos de desechos o en mal estado; hogares en los que algún miembro necesitó atención médica, la solicitó y no la obtuvo; más de una familia viviendo en la misma vivienda etc.).
Las razones de la disminución de la pobreza durante los gobiernos democráticos han sido varias: fuerte aumento del implementación de diversos programas sociales y menor aumento de los precios de los productos que componem la canasta básica de alimentos, en comparación con los precios promedios de la economia.
Pero, a pesar de estos aspectos positivos de la sociedade chilena, que se deben a ciertos ajustes hechos al modelo neoliberal por los gobiernos democráticos, éste sigue teniendo numerosas consecuencias muy negativas para el futuro del país.
Impactos negativos del modelo exportador en los trabajadores y en el medio ambiente
En los últimos diez años son importantes y evidentes los avances en el crecimiento y expansión de los sectores frutícola y pesquero.
En el caso de la fruta, a pesar de las crisis que se producen de vez en cuando (caso de las uvas envenenadas, tipo de cambio que, según los exportadores, frena hoy las utilidades necesarias para la mayor expansión del sector), todos están de acuerdo en señalar el importante aumento del valor de estas exportaciones (US$ 500 millones en 1987, US$ 982 millones em 1992).
De lo que no se habla es de las condiciones en que se producen estas frutas. Recientes investigaciones auspiciadas por la organización OXFAM de Inglaterra y realizadas por científicos chilenos nos aportan interesantes antecedentes.
Siendo la producción de frutas de exportación parte de un sistema altamente competitivo, se han ido adoptando paquetes tecnológicos que sobreutilizan insecticidas, hierbicidas y fertilizantes. En el país, se comercializan 972 pecticidas y el monto de sus importaciones alcanzó a US$ 71 millones en 1992. Varios de ellos: el Paration, el Lindano, y el Paraquat forman parte de doce pecticidas conocidos en el mundo con el nombre de docena maldita y están considerados como sumamente tóxicos.
El Paraquat está clasificado por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos como extremadamente tóxico, tanto para los seres humanos, como para los mamíferos y peces.
El Paration, se estima que causa la mitad de las muertes por intoxicación aguda producidas por plaguicidas en el mundo, y en Chile se usa extensamente.
El Lindano está cancelado en los Estados Unidos por ser embriotóxico y cancerígeno.
La mayor parte de estos productos son elaborados por multinacionales que, además, se han diversificado hacia la producción de otros insumos, como las semillas híbridas de alto rendimiento, sin resistencia genética a las plagas, por lo que requieren grandes cantidades de plaguicidas para sus cultivos, plaguicidas que son producidos por las mismas empresas que producen las semillas.
El uso frecuente e irracional de plaguicidas, además de destruir, junto con las plagas, las especies benéficas para el hombre, producen graves daños a los trabajadores frutícolas mediante intoxicaciones frecuentes. En el Hospital de San Felipe, por ejemplo, en el centro de la zona frutícola de Aconcagua, se debe atender anualmente gran número de trabajadores con diversos síntomas de intoxicación, dados los equipos de protección insuficientes y la falta de capacitación, a este respecto, de los propios trabajadores.
En el Hospital de Rancagua, en estudios ahí realizados, se hace referencia a las malformaciones congénitas de niños recién nacidos como consecuencia de las exposiciones de las madres a los agrotóxicos.
La aplicación de plaguicidas, al contaminar las aguas y el aire, no sólo afecta la salud de los trabajadores de la fruta, sino de toda la población que vive a los alrededores. Sin embargo, la regulación de su uso es, en el país, muy deficiente. La tarea de fiscalización, que corresponde a los ministerios de salud y de trabajo, no se ejecuta adecuadamente por la carencia de personal capacitado, debido a la jibarización del aparato del Estado.
En cuanto a los trabajadores que son empleados en la fruticultura, en su inmensa mayoría son temporeros (por cada permanente hay tres temporeros) y una buena parte está constituida por mano de obra femenina, especialmente en el caso de la uva.
Más de 50% de los temporeros laboran sin contrato y muchos empleadores no cumplen, o se burlan de las obligaciones legales en materias de horario de trabajo, pago de horas extraordinarias, pago de la semana corrida y bonificaciones, descansos, pago de vacaciones proporcionales. En el peak de producción se hacen, a veces, jornadas de doce y hasta dieciseis horas.
Las remuneraciones brutas promedio de los trabajadores de temporada tienden a ser superiores a las del salario mínimo legal mensual, pero ello se logra con jornadas extremadamente largas, a un ritmo de trabajo agotador y bajo un ambiente laboral deficiente.
La actual legislación laboral excluye a los trabajadores temporeros de la posibilidad de negociar colectivamente. Al 30 de junio de 1992, sólo se consignaban 9.238 temporeros sindicalizados en instituciones, casi nunca propias sobre una masa de más de 300 mil.
Al trabajador frutícola sólo se le paga el salario por el tiempo o la tarea desempeñada, lo cual no alcanza para su mantención durante los períodos de inactividad.
En el caso de la pesca el sector ha tenido también un desarrollo espetacular. Los desembarques de productos del mar se quintuplicaron entre 1970 y 1990, pasando de 1 millón a más de 5 millones de toneladas. Chile se ubica hoy entre los cinco primeros lugares en nivel mundial en lo que a captura se refiere.
Pero numerosos técnicos señalan que buena parte de esta expansión se ha hecho mediante la sobreexplotación del patrimino natural de los recursos marinos, los que se extraen con objetivos de máxima ganancia, sin consideraciones conservacionistas ni de protección ecológica. Esta situación plantea un muy serio problema de sustentabilidad del crecimiento del sector pesquero, a mediano y largo plazo.
La intensificación del esfuerzo de algunas capturas ha tenido efectos críticos en las poblaciones de peces, algunas de las cuales han llegado a colapsar. Son los casos de la anchoveta, la sardina española y la sardina común, todas especies muy cotizadas para la producción de harina y aceite de pescado de exportación.
Los científicos denuncian que los resultados de la sobrepesca son prácticamente irreversibles pues, al desaparecer una especie o bordear su extinción, se producen cambios en los ecosistemas marinos difíciles de recuperar.
Esto se hace evidente en el caso de otras especies en extinción: locos, erizos, jaibas, centollas y gran variedad de peces costeros.
Varios son los factores que contribuyen a profundizar el agotamiento de las especies marinas:
•El sobredimensionamiento de la flota pesquera y del parque industrial.
•La realización de la mayor parte de las actividades de la flota pesquera en las proximidades de la costa.
•El uso de métodos de pesca no selectivos.
•La presión de los mercados externos. Es el caso del Japón que a través de elevados precios, logra adquirir especies en peligro de extinción (locos, algas, erizos).
•La falta de capacidad de fiscalización del Estado.
A todo lo anterior, es preciso agregar la contaminación marina costera, hecho bien conocido en el país que, en algunos casos, ha alcanzado niveles críticos. Ello consiste en la introducción en el ambiente marino de sustancias con efectos venenosos que implican peligros para los recursos vivientes y para la salud humana.
La industria reductora de productos marinos (elaboraderos de harina de pescado) es una contaminación de mares, aire y habitat urbano más importantes. Como consecuencia de ello, existe una grave contaminación marina, tanto en el norte como en el sur del país (Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Caldera, Talcahuano, San Vicente y Coronel). En la bahía de Talcahuano, el canal El Morro, está catalogado como uno de los cinco focos de mayor contaminación en el mundo.
Las condiciones de trabajo en la industria pesquera muestran también grandes deficiencias. Se utiliza mucho el pago de un salario base, más rendimiento. Se han comprobado serios discriminarios salariales entre los sexos, en perjuicio de las mujeres. Predomina, además, condiciones y medio ambiente laboral riesgosos y precarios. El 40% del empleo el las plantas de procesamiento con destino al consumo humano, es eventual y bajo estas condiciones, trabaja la mayor parte de las mujeres, con horarios de diez a doce horas, incluyendo sábados y domingos.
El modelo exportador y el sector forestal
Otro sector del modelo exportador en que la búsqueda de la ganancia a corto plazo va, en el largo plazo, en desmedro del país es el sector forestal. Se está condenando a los bosques nativos de Chile a la misma suerte catastrófica que han corrido los bosques autóctonos de otras partes del mundo.
El sector forestal se desarrolló, desde 1975, sobre la base de la privatización de los activos del Estado a precios de liquidación, transferencia de ingentes recursos fiscales al sector privado, mediante subvenciones y mecanismos de conversión de la deuda externa, políticas preferenciales en materia de salarios, relaciones laborales, créditos, precios, cambios y aranceles.
A todo esto, se agrega la despreocupación ambiental que es y será la más onerosa para el país. Tanto en el bosque como en las plantas industriales, las empresas de este sector trabajan casi sin ninguna reglamentación.
La fabricación de pulpa genera tasas muy elevadas de beneficio por unidades de materia prima. Esto incentiva a una actividad que tiene un ingente impacto ambiental, desde un extremo al otro del ciclo productivo, puesto que la producción de pulpa produce desechos contaminantes que afectan seriamente a los ecosistemas marinos y de agua dulce. En Chile, la pulpa representa más del 50% de la producción de todo el sector forestal. Sin embargo, de los US$ 1.400 millones invertidos hasta ahora, sólo US$ 120 millones (menos del 10%) han sido destinados a adoptar procesos productivos limpios.
El proyecto de ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal languidece en el Congreso desde abril de 1992. El Estado reconoce que los planes de manejo forestal parecen, más bien, planes de cosecha, pero aduce que no tiene recursos para fiscalizarlos.
Los bosques e los renovales que están siendo destruidos por la tala rasa, por el corte selectivo o por incendios, también son utilizados para la extracción de leña, maderas de construcción, postes, durmientes y un porcentaje alto se usa, actualmente, para la fabricación y exportación de astillas. Los interesados en explotarlo, con el argumento de que el bosque está sobremaduro y degradado, promueven continuar la tala de los bosques naturales para dar lugar al monocultivo forestal de plantación. Pero estas plantaciones no son bosques, sino fábricas de árboles incapaces de prestar las garantías ecológicas de los bosques naturales (regulación del clima, influyendo directamente sobre la temperatura, la humedad y la generación de lluvias, protección de cuencas de ríos, lagos y otras fuentes de agua dulce, fuerte diversidad biológica).
El actual modelo de crecimiento del sector forestal hace un aporte escaso al progreso socio-económico de las áreas en que está concentrado y contribuye, de una manera brutal, a la continua pérdida de los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas.
En materia de puestos de trabajo, contribuye de un modo mínimo al empleo y a medida que avanza suprime empleos. Además, el aislamiento y la baja sindicalización de los trabajadores, particularmente en el caso de los que hacen la faena de montes, convierte a los trabajadores en parte casi invisible del debate forestal.
Desaparición para otros fines más rentables de la escasa tierra agrícola del país
De los 75 millones de hectáreas de la superficie total de Chile, menos del 10%, apenas cinco millones son hectáreas arables, y de estás, poco más de dos millones son tierras sin limitaciones serias para la producción agrícola. Los cultivos sólo ocupan el 2% del territorio nacional, uno y medio millones de hectáreas y están ubicados en las mejores tierras del país.
Pues bien, la rentabilidad del mercado está haciendo que en muchas de las mejores zonas agrícolas del país (Región Metropolitana, por ejemplo) una buena parte de estas tierras agrícolas están desapareciendo para siempre, dedicadas a urbanizaciones, parcelas week end de 5 mil metros y otras finalidades, sin que el Estado haga nada para evitarlo. Toda la legislación que existía anteriormente para impedir este desastre para el escaso capital productivo agrícola de Chile fue abolida por la dictadura y los gobiernos democráticas no han hecho nada para corregir este crimen contra el patrimonio nacional. Esta es una de las consecuencias del neoliberalismo imperante que se pagará muy caro en el futuro.
En la sola región metropolitana casi 50 mil hectáreas de tierras fueron subdivididas en 1994, el 70% de las tierras agrícolas restantes están contaminadas con aguas servidas.
Mercado de trabajo flexible, pobreza y desintegración social en Chile (1990-94)
La experencia de Chile durante la dictadura (1973-1990) fue un proceso radical para abrogar la legislación laboral existente con anterioridad y facilitar la puesta en marcha de la política neoliberal.
El nuevo código de trabajo promulgado en 1987 es extraordinariamente limitativo para los derechos de los trabajadores y se justificó aduciendo:
•el encarecimiento artificial de la contratación de la mano de obra;
•el poder monopólico de los sindicatos;
•el imperativo de las empresas de contar con la flexibilidad salarial y numérica requeridas para una economía abierta a la competencia externa;
•la necesidad de ensanchar los espacios de libertad personal constreñidos por la legislación laboral previa a 1973.
Eliminar estas rigideces en el mercado del trabajo permitiría bajar los costos, promover la inversión y disminuir el desempleo.
Al asumir el poder los gobiernos democráticos mantuvieron la política anterior de estabilidad macroeconómica como la mejor fórmula para alcanzar un crecimiento sostenido y conservaron, también, la orientación hacia la internacionalización de la economía, tanto en el plano comercial, como financiero. Procuraron, al mismo tiempo, corregir algunas de las consecuencias sociales del modelo neoliberal con un esfuerzo social creciente en los campos de salud, vivienda y educación, pero dentro de los límites de un gasto fiscal equilibrado.
Se mantuvo la legislación de trabajo de la dictadura por temor que su modificación, al encarecer el costo de una mano de obra barata y, en gran parte temporal, por el movimiento reivindicativo de los trabajadores, afectara las exportaciones, sobre todo de productos primarios.
A pesar de algunas leyes de reforma del Código del trabajo, la falta de una voluntad política más firme de parte de los gobiernos democráticos y la existencia de una mayoría opositora por el mecanismo de los senadores designados, han impedido una reforma más sustancial de la legislación laboral.
El balance de los especialistas sobre la capacidad de las reformas laborales del período 1990-94, para modificar significativamente la esencia del Código del trabajo de 1987 es desalentador. Las líneas generales de desprotección de los trabajadores permanecen, fundadas en el mismo espíritu anterior, favoreciendo crecientemente la flexibilización como criterio rector para definir los salarios, los empleos y las condiciones y calidad del trabajo.
Para los trabajadores estables, las reformas laborales sobre terminación del trabajo y estabilidad del empleo, centrales sindicales, negociación colectiva, fondo de capacitación y formación sindical, protección de los trabajadores etc., han temperado los aspectos más abiertamente represivos del Código de 1987, pero para la masa de trabajadores que realizan trabajos domiciliarios, temporales, subcontratados a plazo fijo – entre ellos las mujeres, jóvenes y niños – las reformas laborales tienden a avalar y normar las prácticas de trabajo flexible que, de hecho, ya venían utilizando los empresarios.
Las características del mercado de trabajo, de acuerdo con la política neoliberal imperante, son hoy las siguientes: la existencia de una gran masa de ocupados empobrecidos, ubicados en empleos precarios, con bajos niveles de protección, que se encuentran en nivel o por debajo de la línea de la pobreza. Imposibilidados de asegurar su mínimo de vida en condiciones satisfactorias, se ven obligados a empujar a otros miembros del grupo familiar a que se integren al mercado de trabajo para complementar los ingresos de las familias. Esto implica un gran número de personas que entran y salen del mercado de trabajo, ubicándose en empleos temporales. Ello amplía el número de la mano de obra barata, presionando a la baja de los salarios. Dentro de esta mano de obra temporal y barata, las mujeres juegan un rol muy importante. Entre 1990 y 1992, la fuerza de trabajo femenina aumentó de 1.581.500 a 1.712.744.
En 1992, el 45,5% de los ocupados recibían menos del doble del salario mínimo necesario para superar la línea de la pobreza.
En cuanto a los trabajadores organizados sindicalmente su proporción, no sólo es muy baja, sino que ha venido disminuyendo. En 1992 había 724 mil trabajadores sindicalizados sobre una fuerza de trabajo total de 4,773 millones (el 15,2%), y en 1993 su número se había reducido a 684 mil sobre una fuerza de trabajo de casi 5 millones (el 13,7%). La sindicalización es más baja en los sectores que concentran mayores fuerzas de trabajo: agricultura y servicios, excluído comercio.
El combate a la pobreza, en el que los gobiernos democráticos han logrado un cierto éxito, como vimos anteriormente, se ha centrado, sobre todo, en la incorporación de los pobres al mercado de trabajo, no considerando la existencia de una legislación laboral mucho más favorable a los empresarios que a los trabajadores, pero el hecho de que existe una amplia proporción de pobres que son asalariados muestra que, aún cuando se mantenga un acelerado ritmo de crecimiento de la economía y un aumento del empleo, ellos no bastaran para resolver el problema de la pobreza, si no se aumenta considerablemente la capacidad de negociación de los asalariados.
La muy desigual distribución del ingreso existente en el país muestra que existe un margen importante para ello. Los años de la dictadura significaron un enorme concentración del ingreso hacia los más ricos. Entre 1978 y 1990, el 40% más pobre de la población vio su participación en el ingreso total quedar estancada en un 7%, mientras que la participación del 10% más rico aumentó de un 30 a 37,2%. Y esta situación no se ha corregido mucho con posterioridad.
Jacques Chonchol, engenheiro agrônomo, foi perito da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) entre 1957 e 1961, período em que efetuou várias missões na América Latina. De 1964 a 1969 dirigiu o Instituto de Desenvolvimento da Agricultura (Indap) por indicação de Eduardo Frei, então presidente da República do Chile. Participou da fundação da Ação Popular Unificada (Mapu), que integrou a União Popular, responsável maior pela eleição de Salvador Allende. A partir de novembro de 1970, passou a ocupar a pasta da Agricultura do novo governo. Foi diretor do Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, em Paris, onde, em 1994, concedeu entrevista ao editor de Estudos Avançados, professor Alfredo Bosi, publicada no número 21.
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