Los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 de marzo de 2010 un poderoso paro de los pequeños transportadores, taxistas y la participación beligerante de jóvenes de los barrios populares, está sacudiendo la ciudad capital. Los grandes medios de información han desplegado una estrategia en la que los únicos voceros de este conflicto son el Alcalde Samuel Moreno y los grandes empresarios del transporte urbano, mientras que las voces y peticiones de APETRANS que agrupa a los pequeños y medianos transportadores, no solo son invisibilizadas sino estigmatizadas.
Las exigencias de la Asociación de pequeños Transportadores son dos esencialmente: Redefinir los lineamientos del proceso de licitación para conceder participación en la operación del sistema de transporte en las trece zonas en que se dividirá la operación del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO – SITP, que deja todas las ventajas a los grandes capitalistas del sector, quienes buscan sacar del negocio a los pequeños propietarios. Y en segundo lugar rediscutir la tasa de rentabilidad que se les ofrece a los pequeños transportadores, ya que es muy baja, 0,8% mensual, es decir menos de un millón de pesos, monto muy inferior a lo que perciben actualmente.
De fondo se trata de un desacuerdo de los pequeños y medianos transportadores con el Decreto 009 de 2009, que “adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C.”, el cual en nombre de la “modernización y mejora de la movilidad”, adopta un esquema empresarial monopolista, que es lesivo para los pequeños transportadores y sobre todo para los habitantes capitalinos que debemos transportarnos obligatoriamente en el servicio masivo.
A continuación presentamos los elementos de análisis que nos llevan a considerar justo este movimiento popular de protesta.
1. EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - SITP: EL MISMO MODELO DE “AGRO INGRESO SEGURO”
En la Bogotá de los últimos 20 años se ha consolidado un modelo de ciudad al servicio del gran capital, que en lo esencial no ha sido cuestionado por las dos administraciones del POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, a pesar de los intentos reales, pero insuficientes en materia del sistema de salud y de educación como derechos fundamentales.
El sector del transporte público ha sido escenario de una fuerte lucha de clases entre los grupos monopólicos que hoy hacen parte de la granburguesía colombiana y los medianos y pequeños transportadores, condenados por la política pública y la competencia monopólica, a la extinción en nombre de la “modernización”.
Veamos:
En Bogotá circulan cerca de 1 millón de vehículos particulares que movilizan 2 millones de personas, cerca de 25 mil buses, busetas y colectivos transportan más de 4 millones de habitantes, y el Sistema TransMilenio, que ha venido creciendo, transporta el 23% de la demanda de transporte público en la ciudad. Es decir para los socios del monopolio Transmilenio, el 77% restante es el botín a conquistar.
El argumento para imponer el SITP es que el 77% no transportado por Transmileno, es ofrecido por un sistema de “transporte público colectivo que mantiene altos niveles de informalidad e ineficiencia en su esquema organizativo y en su gestión empresarial”. Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, de los 30.000 vehículos de transporte público colectivo, una tercera parte opera ilegalmente, además la ciudad solo requiere unos 16.500 vehículos para atender la demanda.
Por eso la estrategia de modernización del SITP es la formalización capitalista de todo el sistema de transporte urbano, esto quiere decir, que quienes están mejor “dotados” para cumplir los requerimientos legales de la industria moderna del transporte, serán los favorecidos por el gobierno para administrar el servicio. Se trata del mismo esquema con que operó el nefasto programa “Agro, Ingreso Seguro”, según el cual solo los poderosos capitalistas son los llamados a iluminar y por supuesto usufructuar los recursos y bienes públicos. Se trata de la idea de la pérdida del derecho al transporte público de calidad, como un derecho a la ciudad, en nombre de la eficiencia capitalista empresarial, esto lo demostraremos más adelante.
Los esquemas de licitación del SITP (uno de los puntos cuestionados en este paro) plantean, en el papel, la participación de los pequeños propietarios de buses, pero sobre la base de su subordinación a los grandes socios. En esta licitación, la ciudad se divide en 13 zonas, que serán administradas por las “siete grandes” (ver más adelante), que deben integrar a los pequeños, como medida “reparadora”, pero no como socios, pues los pequeños no tienen la “capacidad empresarial”, sino como empleados.
Para resolver las diferencias entre Alcaldía y transportadores se creó una Comisión conformada por varios concejales (Jaime Caicedo, Carlos Ferreira, Celio Nieves, Hipólito Moreno y Álvaro Argote) que buscaron ser una instancia mediadora. No es gratuito que durante el paro, la Comisión no fue convocada por los grandes medios, ni su opinión fue difundida.
Según el Concejal Jaime Caicedo, "la licitación pretende entregar este jugoso negocio a las mismas siete familias que monopolizan gran parte del transporte en Bogotá, dejando en la calle a más de 16.000 familias que viven de su bus o buseta”.
Según los voceros del paro, el proyecto del SITP es excluyente para los pequeños transportadores de la ciudad. En términos financieros para que una empresa aspire a manejar una de las trece zonas, debe tener gigantescos recursos desde su conformación. Se necesitan como mínimo de 16 mil millones de capital, 58 mil millones en pasivos y una capacidad de endeudamiento superior a los 60 mil millones de pesos. Es decir, está claro quiénes pueden participar en las licitaciones.
Nota completa:
Fuente y enlace (Colombia):http://elsalmonurbano.blogspot.com/2010/03/es-justo-el-paro-de-los-pequenos.html
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